Hacer algunas semanas se rumoreó que un conocido político catalán estaba presionando al Gobierno para que se exigiera una ITV de chimeneas, de modo que una a una garantizasen la seguridad de la instalación y la correcta emisión de humos.

Sin entra a valorar si el rumor tenía algo de cierto o era un globo sonda político, resulta curioso cuando menos que esa clase de inspecciones sean tan golosas para los amigos de las rentas capturadas. Pero es normal: el caso es que en España puede haber del orden de unos dos millones y pico de chimeneas, tirando por lo bajo, y a 250 € por unidad, esa normativa, aparentemente inocente, supondría un embolso para alguien de 500 millones de euros, sin tener que buscar los clientes y sin que se te pueda escapar nadie. O sea, el Paraíso de cualquier jeta.

Hablado del asunto con un amigo, resultó que el caso no era nuevo, y que ya padecimos algo parecido con los mandos a distancia de las máquinas de tabaco.  Figúrense hasta qué recónditos detalles de la economía llegan los aprovechados para enriquecerse a costa de los ciudadanos amparándose en leyes en apariencia inofensivas.

El caso es que, supuestamente, para impedir el acceso de menores a las máquinas expendedoras de tabaco instaladas en establecimientos de hostelería, se legisló que estas debían estar desactivadas por defecto y debían poder ser activadas a petición mediante un mando a distancia que accionase el responsable del local a petición del cliente que quisiera sacar tabaco. A los hosteleros les pareció todo un engorro, porque era estar pendiente de una cosa más, pero como era por el bien de los niños, se sofocó de inmediato cualquier tipo de protesta.

La jugada del asunto estaba en que el mando a distancia tenía que ser uno muy concreto y muy caro, y que cualquier otro dispositivo no sería homologado. El mando, además de ser caro, se perdía, se robaba, se averiaba, desaparecía… Eso originó nuevas quejas, por supuesto, pero era la ley y había que cumplirla o quitar la máquina.

En ese punto, en un centro de formación profesional, en la rama electrónica, diseñaron un dispositivo que en lugar de un mando  distancia utilizaba un interruptor y, mediante un cale, daba la señal de activación a la máquina. Costaba unos quince euros, en lugar de los doscientos y pico que costaba el mando, y como iba por cable, ni se perdía, ni se extraviaba, ni necesitaba pilas. A los hosteleros les pareció estupendo y los chavales que lo diseñaron  estaban encantados, pero no fue posible instalarlo: no pasaba la homologación y las máquinas que lo incorporasen se considerarían en situación ilegal, arriesgándose a las sanciones correspondientes.

¿Qué pensamos nosotros? Que los fabricantes del mando homologado se habían asegurado muy mucho de que sólo se pudiera comercializar el suyo, al precio que ellos dijeran, y con las autoridades detrás, amenazando a quien no quisiera ser cliente suyo. Si para lograr esto medió favor, cohecho o corrupción con los políticos que tomaron esta medida, lo desconocemos.

Y ustedes también lo desconocen, ¿verdad que sí?

Pues baste al buen entendedor.

La conclusión es que a doscientos euros, por unos trescientos mil mandos, alguien se sacó setenta millones y pico de euros de la jugada. Una jugada inocente, para proteger a los niños, y en una esquinita cualquiera de la economía productiva.

Estas son las cosas que nos convierten en un país de mierda.