El Gobierno nos cuenta milongas

La respuesta es obvia: sí, por supuesto. Lo que no está tan claro es en qué medida, ni a qué coste.

Por eso mismo, presupuestar ingresos procedentes de la lucha contra el fraude fiscal tiene tan mala prensa entre los contables europeos. Por un lado, es imposible saber lo que se va a recaudar y, por otro, se da por hecho que contra el fraude ya se está luchando, con lo que cualquier promesa de intensificar esta lucha suena igual que una promesa de  estudiar más hecha por un estudiante con tres suspensos. ¿Cuánto más vas a estudiar? ¿Será suficiente? ¿No será que no entiendes la materia y todo el tiempo que inviertas es tiempo perdido?

Si nos ponemos puristas, la cosa está clara: el déficit es la diferencia negativa entre lo que se ingresa y lo que se gasta, y se puede reducir aumentando los ingresos o disminuyendo los gatos. Si disminuimos los gastos, la cantidad es conocida y cierta, pero los ingresos son desconocidos, por su propia naturaleza, y ahí es donde vienen los problemas con esta partida. Un aumento de los impuestos puede suponer un aumento o una reducción de los ingresos, las dos cosas, según vimos ya en este otro artículo. ¿Y la lucha contra el fraude llevada al extremo? Pues igual.

¿Vale la pena poner un inspector en cada bar para saber si pican o no pican las copas? Seguramente no. ¿Vale la pena poner un inspector a revisar las cuentas de los bancos, o de algunas grandes empresas? Pues depende. La mayor parte del fraude está en grandes empresas, que realizan malabarismos contables para reducir su carga impositiva. Pero estas empresas tienen enormes gabinetes técnicos que les ayudan a realizar estas prácticas, perseguirlas es tremendamente largo, difícil y costoso, se acaba invariablemente en los tribunales, donde las sentencias tardan años (hasta 10 años a veces) y no se puede dar por hecho, de ningún modo, que se van a recibir de los ingresos durante este año. Por eso es tan peligroso presupuestarlos como ingresos suplementarios.

Y además, hay un segundo peligro: muchas de estas grandes empresas operan en España porque el tipo impositivo real que pagan es bajo. Aumentárselo, ya sea mediante u8na subida de impuesto o u ya sea mediante presión sobre sus cuentas, puede conducir a que se lleven su sede a otro lado, con lo que no sólo no cobramos más sino que pasamos a no cobrar nada. Y a perder sus cotizaciones sociales. Y a pagar el desempleo de un montón de gente. Negocio ruinoso, en suma.

¿Quién convencerá, por ejemplo, a Apple España de que pague por lo que vende y deje de decir que recibe sólo un 1% de comisión de su matriz? ¿Qué impide a una fábrica de coches irse a otro lado si aquí se le aprieta en las inspecciones?

Tenedlo en cuenta: si los estados pagan subvenciones para atraer empresas que den empleo, no se puede pensar que les achucharán las cuentas. Esas cosas sólo pasan en el país de la Piruleta. Y presupuestar como ingreso lo que les vamos a sacar a mayores es propio de zoquetes y de irresponsables.

 

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