Abrir un coto de caza de dragones: cien mil euros por el consejo. "Pero si lo abres te forras, tranquilo. Es un buen consejo"

En el mundo real lo sabíamos todos hace décadas, pero ahora parece saberlo también, por fin, el Tribunal de Cuentas: la administración ha contratado docenas, centenares de informes, asesorías y consultorías para que les ofrezca su opinión sobre proyectos simplemente irrealizables, o para que les digan lo obvio a cambio de suculentas cantidades de dinero público.

Así, con este lenguaje tan almibaradamente barroco, lo describe en su último documento:

En contratos de consultoría, asistencia o servicios, falta de justificación con un grado de concreción razonable de la imposibilidad de ejecución de las prestaciones con los medios personales o materiales propios de las administraciones”

Lo que viene a significar esta frase es que por asesorar puede cobrar cualquiera, puede cobrar cualquier cantidad, y lo que se dice en los informes no tiene por qué ser útil ni siquiera posible.  A un ayuntamiento cualquiera se le puede aconsejar construir una nave espacial para fomentar el turismo, defender luego que esta nave espacial haría famoso al pueblo en el mundo entero, cobrar quinientos mil euros por ese consejo y quedarse luego todos tan anchos, aunque se trate de un municipio de dos mil habitantes y no sea Cabo Cañaveral precisamente.

Como quiera que la valoración de una asesoría es totalmente subjetiva, nadie puede quejarse en realidad de que se paguen cantidades millonarias por dos o tres folios que no van a ninguna parte, como ha sucedido en algunos famosos casos, entre ellos el aún investigado de Iñaki Urdangarín. Precisamente por esto los puestos de asesor son siempre cargos políticos, nombrados a dedo, y sin ningún control ni transparencia. Su objetivo principal, en la inmensa mayoría de los casos, no consiste en aconsejar de nada ni en aportar verdadero auxilio a la administración, sino en extraer dinero de las cuentas públicas para trasladarlo a las privadas. Puede que sea injusto al decir esto, pero es lo que conozco.

Por tanto, lo mejor de este procedimiento de fraude y desfalco, lo que lo hace más socorrido y más querido pro parte de los políticos corruptos, es que la elección del asesor es completamente subjetiva y el valor del informe es completamente opinable. O como me dijeron a mí en una ocasión que me quejé: “por un informe de una línea, pagaría hasta tres millones de euros. Sólo hace falta que sea la combinación ganadora del próximo Euromillones”

Lo que pasa es que nadie vende ese tipo de consejos y lo normal, lo corriente y lo habitual es que los ciudadanos tengamos que ver cómo se usa el truco del falso informe valioso para vaciar la caja, con toda tranquilidad y a la plena luz del día.

Donde la subjetividad se encuentra con el dinero, el fraude florece. Por eso se puede decir que todas las opiniones son válidas, pero sólo en la teoría y sólo en la vida privada. En lo público, las opiniones no pueden dejarse a libre tasación o mantendremos, como hasta ahora, un agujero que más que ratonera es pórtico y arco triunfal de los corruptos.

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