Lo que hay que poner para no citar nombres.... 🙂

Según la ministra Salgado, durante 2011 se recaudaron 10400 millones de euros en actuaciones de inspección dirigidas a descubrir y combatir bolsas de fraude fiscal.  Esta cantidad supone un incremento de algo más del 3,5% sobre lo recaudado en 2010, con la peculiaridad de que se ha incrementado en más de un 10 % lo obtenido en las inspecciones y se ha reducido en un tercio lo obtenido por regularizaciones voluntarias de los afectados.

Hasta aquí, estupendo.  De hecho, si guiñamos un ojo, como un francotirador, para mirar los resultados, descubrimos que el dinero recaudado es prácticamente el mismo que en el ejercicio anterior,.  Porque el IPC va a rondar el 3%, con lo que en dinero constante tenemos que las cifras son prácticamente equivalentes, ya que 10400 millones de 2011 son el mismo dinero que 10000 millones de 2010.  Donde sí se produjo un salto importante fue en 2010 respecto a 2009, con un incremento de la recaudación del 23 % La ministra añadió además que la cantidad media obtenida por inspección fue de 221.000 euros, y eso, la verdad es lo que no acaba de encajarnos del todo, pues supondría una cifra total de 47.000 inspecciones, que sería muy inferior a la de años anteriores.  De hecho, esa cifra sería absolutamente ridícula, y la propia asociación de técnicos de Hacienda (GESTHA) afirma que Hacienda “dedica el 80% de la plantilla a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes, mientras que el 71% de la evasión la cometen las grandes fortunas y las grandes empresas.”

La fuente, por tanto, parece de toda solvencia y no hace sino confirmar lo que muchos ya sospechábamos: la mayor parte de lo recaudado proceed de pequeñas sanciones, de arañar trescientos o cuatrocientos euros a pequeños contribuyentes, autónomos o pequeñas empresas, que en la mayoría de los casos prefieren pagar esa modesta suma antes que soportar el engorro, la pérdida de tiempo y la pérdida de energía que supone una inspección fiscal.

La ministra estaba en su despedida y seguramente no se atrevió a reconocer que el objetivo primordial de las inspecciones es recuperar dinero para administración, y que es mucho más fácil sacarle un poco de dinero a muchos que enfrentarse con los grandes defraudadores, parapetados tras potentes asesorías y bufetes de abogados, capaces de prolongar durante años cualquier expediente sancionador.

Lo cierto, y volvemos a citar a GESTHA, es que “España se ha posicionado como el tercer país más defraudador en el ranking de economías sumergidas de la UE-15, con un 23,3% de su PIB”, y eso, en un 71 %, como se decía más arriba, no corresponde ni a los autónomos, ni a los asalariados: es dinero que dejan de pagar las grandes empresas y las grandes fortunas, amparadas por la falta de
ganas del Gobierno y la falta de personal de la Agencia Tributaria.

Y si no, ¿por qué no se convocan más oposiciones al cuerpo de inspectores?  Porque dinero no cuestan, vaya…
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