MendigoEl sistema jurídico español es garantista y eso permite a los defraudadores buscar nueva vías de impunidad para sus turbios negocios.

Lo cierto es que en España aparece a menudo el delincuente pero casi nunca el dinero, y cuando el responsable de un delito es completamente insolvente no hay modo de hacerle pagar de modo personal sus deudas pues no se admite el aumento de penas de cárcel a cambio de la scantidades no satisfechas.

Por esta razón, uno de los sistemas más conocidos para burlar a la Hacienda pública es poner a mendigos e indigentes al frente de empresas legalmente constituidas de modo que siendo ellos los administradores únicos no haya riesgo alguno de tener que pagar las multas correspondientes en el caso de que el fraude sea descubierto.

Hay decenas de casos de esta práctica deplorable, pero el más conocido se produjo hace sólo unos meses cuando se demanteló una red de empresas dedicadas a la importación de vehículos de alta gama. Los titulares y administradores de estas empresas eran invariablemente mendigos, indigentes y personas sin techo, y las empresas en cuestión se dedicaban a importar vehículos de alta cilindrada de países como Alemania, Holanda y Luxemburgo sin llegar a ingresar nunca el IVA ni otros impuestos en las arcas del Estado.

En este caso, la cantidad defraudada ascendió a diez millones de euros, pero el daño tributario puede ser aún mayor en los casos en los que las empresas consiguien cobrar importantes subvenciones a condición de cumplir una serie de compromisos que nunca se ven satisfechos. 

Ni que decir tiene que, una vez descubiertas estas tramas, se intenta llegar a los verdaderos responsables, pero resulta difícil probar judicialmente su culpabilidad y mucho, muchísimo más difícil, recuperar las cantidades defraudadas.

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