Cuando se habla de reducir el fraude fiscal, la imaginación nos lleva a sacarle dinero a malvados empresarios que acumulan riquezas en un sótano. Lo que el concepto significa en realidad es sacarle dinero a la sociedad para que lo gaste el Estado.

Está muy bien, nadie lo duda, porque de eso va nuestro contrato social: pagar cada cual lo que la ley le estipula para generar así recursos con que sufragar los gastos que la sociedad requiere.

Sin embargo, cuando se habla de atajar el fraude fiscal como modo para aumentar la recaudación, nos olvidamos de una faceta: las actividades que, sin fraude, no podrían funcionar, porque no serían competitivas, no permitirían vivir as quienes las realizan o simplemente serían inabordables.

Y dentro de estas actividades hay muchos tipos como para caer en el simplismo de decir: «si no pueden hacerse dentro de la ley, que no se hagan».

El fraude fiscal es a menudo competencia desleal para que el que está pagando sus impuestos, pero llegados al punto en el que estamos de la globalización, resulta que con quien algunos compiten deslealmente es con las empresas deslocalizadas en Asia, con las grandes multinacionales que crean monopolios de distribución y, en general, contra los que han aprovechado las leyes para arrinconar al pequeño, haciéndose con un trozo mayor del pastel.

No es lo mismo el fraude fiscal del dentista que no declara parte de los trabajos que hace que el del agricultor que autoconsume lo que produce sin declararlo como ingreso en especie. No es lo mismo tener diez gallinas en casa, o seis colmenas, y vender tu producto, que llevarte la pasta a un paraíso fiscal. No es igual lo que hace un taller de carpintería metálica, eludiendo el IVA de sus ventanas, que la ingeniería financiera de Apple o Amazon.

Cuando afirmamos que reduciendo el fraude fiscal se ingresaría mucho más, seguramente tenemos razón, pero no tanto como se piensa, ni tampoco donde se piensa. En primer lugar, el dinero que defraudan los pequeños (y no es la parte menor, porque son muchos) vuelve a la sociedad en forma de demanda, de empleo, de mayor consumo, y todo esto paga a su vez impuestos. Desparecido el fraude, desaparecerían también estos impuesto recaudados y nos preguntaríamos dónde han ido. En segundo lugar, la reducción del fraude por esa vía afectaría mucho más a los que no tienen modo de escapar llevando su fábrica a otro lado (o comprando una ley favorable) que a los que compran abogados y voluntades con sus grupos de presión.

Es duro, pero sin fraude, mucha gente no podría hacer esas horitas de más a la salida del trabajo, los jóvenes no podrían dar esas clases particulares que les  permiten seguir estudiando, los labradores no podrían poner esas lechugas que ponen en el huerto para vender a sus vecinos y muchos padres no podrían tener un canguro para que atienda los niños la noche, la única noche que salen a cenar fuera en todo el mes. Y el hecho es que la recaudación que sacaríamos de ellos seguramente no compense la que perderíamos al pagarles una ayuda, al restar los impuestos que sí pagan los que les atienden, o al compensar los impuestos que sí paga su entorno.

Porque todos en nuestras cabezas distinguimos entre economía informal y fraude, pero las estadísticas no: y cuando dicen que nuestro fraude fiscal es hoy del 18%, lo cuentan todo: lo del gran banco, lo de las horas que un chaval hace un sábado, lo de las SICAV, y lo de las lechugas que planta el jubilado.

Y no es lo mismo.